El PRI denuncia a Corral ante la FEPADE por la probable comisión de delitos electorales

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la probable comisión de delitos electorales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y otros servidores públicos de la entidad.

Según el PRI, el uso ilícito de recursos públicos constituye la comisión de delitos electorales, como la realización de actos tendientes a incidir en el proceso electoral federal, al desplegar una campaña de desprestigio en su contra y para beneficiar al Partido Acción Nacional (PAN).

La denuncia fue presentada este jueves por la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor Badilla, quien estuvo acompañada del secretario de Operación Política del CEN, Héctor Gómez Barraza; el secretario técnico del Consejo Político Nacional, senador Ernesto Gándara Camou, y el presidente del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles”, Paul Ospital.

Pastor Badilla pidió al titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaño, refrendar su compromiso de actuar con imparcialidad y llegar hasta las últimas consecuencias, aplicando las sanciones correspondientes.

De acuerdo con la priista, el gobernador del estado de Chihuahua realiza actos de índole partidista con recursos públicos, con la clara finalidad de influir en las preferencias electorales.

“Como es del conocimiento generalizado, Javier Corral ha desplegado una intensa campaña en medios de comunicación, con el objeto de desprestigiar al PRI”, puntualizó en un comunicado.

Señaló que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a los servidores públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

La sanción correspondiente marcada en la ley, explicó, consiste en la inhabilitación para ocupar cargos y la destitución, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

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