Aprueban diputados federales minuta para combatir facturas falsas

Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron esta noche, sin cambios, la minuta del Senado para combatir la facturación falsa y la simulación de operaciones fiscales, que serán sancionadas con prisión preventiva oficiosa.

Durante una sesión de más de tres horas, que terminó en un ríspido intercambio entre los diputados de ambas comisiones, se avaló tipificar la defraudación fiscal como delito de delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.

Entre los integrantes de la Comisión de Hacienda, el dictamen se aprobó con 22 votos a favor de Morena, PT, MC y PVEM, tres en contra del PAN y PRD, así como una abstención del PES, que anunció reservas en la discusión mañana en el pleno.

Mientras que en la de Justicia, la votación fue menos homogénea.

Solamente se emitieron once votos a favor de Morena, PT y PES. La diputada Lorena Villavicencia (Morena) votó en contra, al argumentar que, como está planteada la persecusión de ese delito, viola la Constitución.

Su compañera de bancada, Martha Patricia Ramírez Lucero, anunció que también presentará reservas al dictamen en la sesión de mañana, y se abstuvo.

Mientras que en contra votaron PAN, PRD y PRI. Al emitir su voto, Enrique Ochoa Reza sostuvo que lo hacía “en contra del terrorismo fiscal”.

El priista argumentó que el tricolor está en contra de la facturación falsa, pero también del abuso y de la ampliación, por la puerta trasera, del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, así como de la violación de la presunción de inocencia.

Morena argumentó que entre 2014 y 2018, 9 mil empresas emitieron más de 8 millones de facturas falsas que ampararon operaciones por 1.6 billones de pesos, lo que representó una pérdida en la recaudación por casi 350 mil millones de pesos.

Ante ello, sus diputados insistieron que se requieren “medidas duras” que acaben con casos como el de la triangulación de recursos de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario a empresas fantasmas, para lo cual se utilizó a universidades públicas estatales.

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